Participación Ciudadana

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La participación ciudadana constituye uno de los principios fundamentales de un estado social de derecho, toda vez que proclama el involucramiento de la población
en la toma de decisiones en asuntos trascendentales.
En la medida que exista consenso social, se legitiman las diferentes medidas adoptadas,
que contendrán la voluntad de los sectores sociales, a las cuales van dirigidas.

De esta forma, la comunidad será sensibilizada acerca de los beneficios o amenazas a obtener con tales disposiciones.
Así, para la aplicación de cualquier proceso o proyecto es necesario utilizar una metodología que conjugue la actividad del conocimiento de la realidad, mediante mecanismos de participación de la comunidad, destinados al mejoramiento de sus condiciones de vida.
Se debe generar una producción social del conocimiento, rompiendo el monopolio del saber y la información, para hacer ese análisis colectivo y crítico de la información y ordenarla para determinar las raíces y causas de los problemas y sus soluciones.
Esto por supuesto estableciendo siempre la relación entre los problemas individuales y colectivos, funcionales y estructurales en la búsqueda de soluciones Los agentes de desarrollo y los beneficiarios se deben articular a partir de lo que ocurre en el plano real; el éxito depende de aspectos sociales, políticos y culturales de los beneficiarios.
La participación en el proceso de planificación a nivel regional o local, posibilita en el tiempo la sustentabilidad de las políticas adoptadas.
Rafael González Ballar define la participación ciudadana como “un proceso gradual, mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva,
en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental
para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve”.
No debemos perder de vista que para que exista una efectiva participación, debemos promover la modificación y ensanchamiento de procesos y relaciones de poder.
Conservar un cierto equilibrio entre la participación de los ciudadanos y la capacidad de decisión del gobierno es, quizás, el dilema más importante para la consolidación de la democracia.
De ese equilibrio depende la llamada gobernabilidad de un sistema político que, generalmente, suele plantearse en términos de una sobrecarga de demandas y expectativas, sobre una limitada capacidad de respuesta de los gobiernos.

En nuestro país, la Sala Constitucional ya había reconocido este derecho como derivado de los artículos 21, 69 y 89 de la Constitución Política, antes de la reforma del rtículo50 de la Constitución Política2, que hizo expresa la declaratoria de la obligación del Estado de proteger el ambiente y otorgar a las personas plena acción para poder protegelo.
El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado constitucionalmente en el numeral 50, ha sido denominado actualmente como un derecho de “tercera generación”, que es derecho y deber de cada uno de los habitantes, y que como tal, sus valores gozan de una protección privilegiada, mediante la cual cualquier sujeto puede reclamar su protección, precisamente basado en la autorización
que confiere el artículo 75, párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.


Esta protección privilegiada que desarrolla nuestro Tribunal Constitucional, no es otra cosa que el reconocimiento del interés difuso para la defensa del medio ambiente.
Interés difuso es aquel que participa de una doble naturaleza, porque a la vez es colectivo, común a una generalidad, e individual, por lo que puede ser reclamado en este carácter.
Aunado a este desarrollo (tanto a nivel legal, como jurisprudencial) del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como los mecanismos de protección, encontramos la participación ciudadana como uno de sus principios rectores. Por eso, en los últimos años las políticas en materia ambiental y específicamente el tema de la participación ciudadana han tomado fuerza, provocando un necesario y adecuado tratamiento por parte de la instituciones estatales, así como de cualquier persona privada, que pretenda realizar un proyecto que involucre variables ambientales.
La participación ciudadana, como principio fundamental en materia ambiental, se fundamenta en los artículos 1 y 50 constitucionales, por cuanto los ciudadanos tienen
derecho al acceso a la información disponible y a la divulgación de ella para la toma de decisiones.
La participación ciudadana constituye una consecuencia del principio democrático y abarca el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y el medio ambiente, y la garantía de una
efectiva participación en la toma de decisiones.
No basta entonces con brindar información sobre un proyecto determinado para
satisfacer este postulado, sino que es necesario involucrar a la población afectada en la toma de decisiones. Para ello se debe tomar en cuenta, que esta participación debe ser efectiva, en el entendido de que los criterios externados deberán ser convide rados al momento de adoptar una decisión, por parte de la Administración Pública.
El artículo 10 de la Convención de Río de Janeiro elevó la participación ciudadana al rango de principio en materia ambiental, al disponer que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en
el nivel que corresponda”. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada información sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación ciudadana, poniendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
La Ley Orgánica del Ambiente contempla este principio, al igual que el Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, establecen incluso la realización de una audiencia pública en el Estudio de Impacto Ambiental. Nuestro
ordenamiento jurídico no está al margen de este importante postulado, ya que en un Estado Social de Derecho como el nuestro, la participación de la población es uno de los pilares fundamentales.
Al desarrollar proyectos necesarios para satisfacer el interés de toda la población, el ICE debe apostar por la implementación de todo un proceso social, en el que se brinde participación a la comunidad. Estos procesos implican gran innovación en nuestro medio y es donde se deberán aplicar las nuevas políticas mundiales.
La complejidad que se enfrenta en el plano social, así como el tratamiento que se haga del ambiente, son variables a considerar y por ello resulta indispensable diseñar una estrategia para viabilizar los proyectos desde el punto de vista social, realizando esa labor con las comunidades, para entender las redes sociales existentes. Además, mediante sus instituciones, el Estado debe colaborar con el desarrollo social del capital humano. Por tal razón, resulta indispensable el conocimiento de la dinámica social de las comunidades.
La participación ciudadana efectiva es el gran desafío social de las instituciones públicas, ya que es sinónimo de la viabilidad de los programas de desarrollo. La formulación y aplicación de programas debe ser de manera horizontal y contar con los diagnósticos de la realidad, con la participación dinámica de la sociedad, por lo que debemos producir un cambio de mentalidad en las instituciones públicas y en educación de la población.